Guatemala, 27 de agosto del 2026
¿Comunicación institucional o fachadas de campaña oficialista?
La sombra del patrocinio de ‘influencers’ con fondos públicos.
El antecedente: Facturación sin alcance en Cultura y Deportes. La controversia comenzó cuando en 2025, fiscalizaciones en el Congreso revelaron desembolsos por más de Q300 mil en el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), asignados a 15 perfiles de TikTok, Facebook e Instagram con escasa audiencia. Facturas individuales que oscilaban entre los Q10,000 y Q13,200 —como el pago de Q10,600 por 10 entrevistas o Q13,200 por difundir estadísticas deportivas— expusieron un esquema opaco. Aunque la ministra Liwy Grazioso calificó las contrataciones como un «error» de la Dirección del Deporte y admitió que no generaron el alcance esperado, la justificación de «pauta publicitaria» encendió alarmas: no existía respaldo contractual que normara los criterios de selección ni la medición de impacto.
La duda sobre las consultorías de comunicación
El caso del MCD sentó un precedente sobre cómo la difusión digital podría utilizarse para simular servicios. Sin embargo, la sospecha actual apunta a una estrategia más agresiva: la contratación de personal en renglones temporales (como el 029 de servicios técnicos y profesionales) que, más allá de cumplir funciones institucionales, actúan como generadores de narrativa oficialista o articuladores de ataques a la oposición política.
Perfiles y sectores que generan dudas razonables
Existen varios casos de personas que, siendo cercanas al oficialismo (por parte de Bernardo Arévalo o por parte de Samuel Pérez, del grupo “Raíces”), ostentan cargos públicos o prestan servicios profesionales, y son muy vocales para apoyar con sus cuentas, tanto iniciativas del estado (aunque no sean de competencia de la entidad que representan), como para justificar controversias del gobierno o atacar a políticos o medios que les son adversos.
Algunos de estos perfiles son:
- Marcela Blanco (Ministerio de Educación - MINEDUC): Ubicada en la nómina de servicios técnicos/profesionales de comunicación, su rol ha generado constante debate debido a la delgada línea entre su labor institucional y sus publicaciones de confrontación política en TikTok y X hacia bloques opositores.
- Jenn Te Informa: Vinculada contractualmente de forma recurrente a servicios de comunicación en carteras clave como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), combina la difusión de gestión estatal con la vocería informal y la defensa activa de sectores vinculados a funcionarios de Raíces.
- Alejandro Balsells Conde: Asesor del presidente Arévalo en su despacho, utiliza su horario laboral para contestar y discutir con políticos en redes sociales, defendiendo férreamente al grupo raíces y principalmente a Samuel Pérez.
- Byron Fernando Reyes Valenzuela (Siempre Incómodo): Fue uno de los primeros influencers que entrevistó al presidente Bernardo Arévalo al ser electo; ha tenido contratos con el instituto de la víctima al poco tiempo de haber iniciado el gobierno.
- Equipos de comunicación legislativa: La producción coordinada de contenido de comunicación por parte de perfiles vinculados a bloques como Raíces o el oficialismo, donde los asesores y los mismos diputados juegan el papel de influencers, creando material con una línea difusa entre la labor parlamentaria y la creación de contenido para disputar la conversación pública frente a rivales políticos.
- Programas de opinión y medios digitales de investigación: Existen varios programas populares de opinión política, así como medios digitales centrados en la búsqueda de transparencia, que en ocasiones parecieran alinearse perfectamente a la narrativa de los equipos de comunicación oficiales. En algunos casos esto se combina con la pauta de espacios publicitarios, en otros, la forma de financiamiento no está a la vista.
El dilema ético y legal. El problema, según expertos, radica en el vacío de fiscalización sobre el trabajo digital. Si bien cualquier ciudadano contratado por el Estado conserva su derecho a la libre expresión, el uso de infraestructura, tiempo y honorarios públicos para realizar activismo partidario o ataques dirigidos, plantea una posible malversación de fondos para fines de propaganda política.
Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de proteger a los periodistas, los críticos señalan que el presupuesto público no debe financiar granjas de opinión ni narrativas de confrontación.
Información para El Heraldo Guate
Julio Vásquez
Periodista