Menos del 9% de los Q4,500 millones destinados a tecnología en Guatemala desde 2020 se ha invertido en ciberseguridad. Esta falta de presupuesto ha dejado vulnerables a los sistemas del Estado, los cuales han sufrido múltiples ataques informáticos en los últimos años, reavivando el debate sobre la protección de la infraestructura pública.

Entre las entidades vulneradas por piratas informáticos destacan la Digecam, la SAT, el Renap, la PGN, el SIT y los ministerios de Educación y Trabajo.

Pese al impacto de estos incidentes y al riesgo latente sobre los datos confidenciales de la ciudadanía, el aparato estatal aún no registra avances concretos ni planes de contingencia eficaces para prevenir o mitigar futuras amenazas digitales.