La explosión ocurrida el pasado miércoles en una cohetería de Parramos, Chimaltenango, que dejó varios heridos de gravedad, reabre el debate sobre los controles y la supervisión de este tipo de negocios.

Analistas consideran que entidades como la DIACO y la SAT deberían reforzar las inspecciones y medidas de seguridad, tomando en cuenta que la pólvora es ampliamente utilizada en celebraciones familiares, religiosas, deportivas y comunitarias.

Además, persisten preocupaciones sobre la participación de menores de edad en algunas actividades relacionadas con la elaboración y comercialización de productos pirotécnicos, una problemática que continúa siendo objeto de discusión.