Guatemala, 10 de febrero de 2026.
Nota por: Juan Luis Pinto.
Si hay un reclamo recurrente hacia el gobierno actual —por encima de muchos otros— es la falta de ejecución en materia de infraestructura. No se trata de percepción ni de una crítica aislada: los datos, los hechos y la experiencia cotidiana de los ciudadanos apuntan en la misma dirección.
Desde el inicio del gobierno de Bernardo Arévalo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha sido una cartera marcada por la rotación constante. En poco más de dos años han pasado cuatro ministros y una gestión interina, una señal clara de inestabilidad en un ministerio que, por definición, requiere continuidad técnica, planificación de largo plazo y capacidad de ejecución.
La primera en ocupar el cargo fue la arquitecta Jazmín de la Vega, presentada como una figura técnica con respaldo del sector construcción. Su salida abrió paso a Félix Alvarado, quien llegó con un discurso de eficiencia —“sin excusas”— que terminó quedando en entredicho tras su gestión. Luego vino un período interino y, posteriormente, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, hasta desembocar en la actual ministra, Lissette Zea.
Entrar a evaluar individualmente a cada uno tiene poco sentido. Más allá de nombres, la constante ha sido la misma: baja ejecución de obra pública, retrasos prolongados y ausencia de proyectos transformadores. El caso del kilómetro 44, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de esta inercia: meses de retraso, decisiones erráticas y falta de coordinación en una intervención que evidenció debilidades técnicas y administrativas básicas.
Resulta particularmente revelador escuchar a la propia exministra Jazmín de la Vega admitir, en una entrevista reciente, uno de los problemas de fondo: este gobierno planifica, planifica… y no concreta. El temor a equivocarse, a ser atacado mediáticamente o a asumir costos políticos ha derivado en una parálisis operativa. El contexto puede explicar el miedo, pero no lo justifica. Gobernar implica decidir, priorizar y ejecutar, incluso cuando hacerlo incomoda.
Mientras tanto, los presupuestos crecen, los salarios aumentan, las planillas se amplían y la ejecución presupuestaria logra niveles aceptables en términos contables. Sin embargo, eso no se traduce en obras visibles ni en soluciones estructurales. Las carreteras continúan en mal estado, elevando los costos logísticos, encareciendo la canasta básica y poniendo en riesgo a quienes transitan por ellas. En las principales ciudades, la movilidad está colapsada, sin señales claras de mejora a corto o mediano plazo.
El caso del metro para la ciudad capital ilustra con claridad el problema. Una de las promesas más relevantes del gobierno sufrió un golpe decisivo cuando el proyecto fue desfinanciado por el Ministerio de Finanzas, con el aval del Ejecutivo. Los Q1,200 millones originalmente previstos se redujeron a la mitad, y los Q600 millones restantes se redistribuyeron entre puertos, aeropuertos y estudios adicionales. En la práctica, el proyecto quedó desarticulado.
El argumento oficial fue la necesidad de “estudios más profundos de factibilidad”. Paralelamente, la bancada oficialista impulsa la creación de una nueva entidad reguladora de la movilidad metropolitana. Más burocracia, más estructura institucional y menos soluciones concretas. Justo lo contrario de lo que demanda una crisis de transporte que afecta diariamente a millones de guatemaltecos.
Este no es un caso aislado. Es parte de un patrón nacional donde los actores políticos se bloquean entre sí para evitar que alguien capitalice políticamente una obra. En medio de ese pulso, los ciudadanos quedan relegados al papel de espectadores: vemos el enfrentamiento, escuchamos el discurso, pero seguimos sin resultados.
Ese es, al final, el verdadero costo de la inacción. No solo el tiempo perdido, sino el dinero desperdiciado, las oportunidades truncadas y una calidad de vida que sigue deteriorándose mientras el Estado duda, posterga y evita decidir.
Información para El Heraldo Guate