El costo de la inacción

Nota escrita por: Juan Luis Pinto.
Guatemala, 29 de enero 2026.

Vivimos tiempos de alta polarización política, en Guatemala y en buena parte del mundo. Las categorías de izquierda y derecha se han vuelto el marco dominante para explicar —y justificar— casi cualquier decisión pública. Para cada problema existen múltiples enfoques posibles, cada uno con impactos distintos sobre sectores, territorios y realidades concretas. Esa diversidad de caminos es natural en democracia.

 

Pero llega un punto en el que el debate ideológico debe dar paso a algo más básico: la acción de gobierno.

 

Un gobernante electo por mayoría tiene la responsabilidad de pasar de la teoría a la práctica. Gobernar implica decidir, aun sabiendo que cada decisión traerá aplausos y también críticas. A veces incluso obliga a escoger entre dos opciones impopulares. Eso es parte del ejercicio del poder. Eso es gobernar.

 

Lo que no es admisible es la inacción. Desentenderse de los problemas urgentes para evitar el costo político de decidir no es neutralidad; es una forma de gobierno que traslada la factura completa a la ciudadanía. Cuando los temas se postergan sistemáticamente, cuando los problemas se administran pero no se resuelven, lo que queda en evidencia no es prudencia, sino la ausencia de un plan y de una comprensión real de lo que significa dirigir un país.

Ese es el eje de esta serie de artículos titulada “El costo de la inacción”. No busca atacar a una persona ni justificar a un gobierno. Busca algo más incómodo: poner sobre la mesa el precio real que como sociedad pagamos cuando el Estado no actúa.

 

En Guatemala, además , cargamos con una distorsión peligrosa. Estamos tan acostumbrados al saqueo histórico de los recursos públicos que muchos ciudadanos han reducido la expectativa sobre el gobierno a una sola frase: “por lo menos no roba”. Esa vara, tan baja como comprensible, no puede convertirse en el estándar definitivo de la gestión pública.

 

La ausencia de corrupción —que además muchas veces es más una idealización que una realidad comprobada— no compensa la parálisis del Estado. Los líderes deben asumir que existe desconfianza y gestionarla con acciones concretas de transparencia y control. Lo que no corresponde es detener el país. A la ciudadanía no le toca oponerse por reflejo a los proyectos de desarrollo, sino entenderlos, exigir que se hagan bien y fiscalizarlos. Nada de eso es posible si los proyectos simplemente no avanzan.

 

En la mitad de su período, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta un hecho político ineludible: la luna de miel terminó hace tiempo. La oposición existe y seguirá existiendo; bloquear o incomodar al Ejecutivo es parte de su rol. Esto no es nuevo ni excepcional. Les ocurrió a gobiernos anteriores y les ocurrirá a los que vengan.

 

La diferencia es que este gobierno, en particular, ha optado reiteradamente por no actuar.

Nada de esto apareció de la noche a la mañana. Es el resultado acumulado de decisiones postergadas, de proyectos diluidos y de un Estado que, frente a problemas urgentes, eligió la inacción.

 

El caso de la movilidad urbana lo ilustra con claridad. La crisis nacional de tráfico se vive todos los días, en horas perdidas, productividad desperdiciada y calidad de vida deteriorada. Sin embargo, el propio gobierno decidió recortar los fondos destinados al plan de movilidad hasta volverlo prácticamente inviable. Según declaraciones públicas del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, este año se priorizarán estudios en lugar de obras.

 

Más allá de si el plan era perfecto o no, el mensaje es claro: frente a un problema reconocido como crisis nacional, la respuesta fue no ejecutar. Y cuando un gobierno solo presenta inacción, el costo no desaparece: se traslada íntegro a la población.

 

Este primer artículo plantea el marco general. En los siguientes textos analizaremos, uno por uno, los efectos concretos de esa inacción en seguridad, infraestructura, servicios públicos y otros temas clave. Porque un gobierno que no decide no es un gobierno prudente: es un gobierno que deja al país detenido, mientras la cuenta sigue corriendo.

Información para El Heraldo Guate