Guatemala, 27 de enero de 2026
La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Ejecutivo retomar de inmediato la construcción del Puente Belice II, un fallo que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué tuvo que intervenir la Corte para que el Gobierno actúe en un proyecto clave para aliviar la crisis de movilidad en la capital?
La resolución instruye al presidente Bernardo Arévalo, a los ministerios de Finanzas y Comunicaciones, y a la Contraloría General de Cuentas a adoptar “de manera inmediata” todas las medidas necesarias para continuar y concluir la obra, además de presentar informes quincenales que respalden cada paso con documentación.
El fallo llega en un contexto de creciente presión pública. Cámaras empresariales y la mancomunidad de alcaldes han pedido formalmente que la crisis de tráfico sea declarada una emergencia nacional. El propio presidente reconoció este jueves que se trata de una crisis a nivel país y habló de planes con una “solución integral”. Sin embargo, en la práctica, ha sido la CC la que marcó el ritmo y fijó plazos.
La orden judicial establece un margen de 15 días para iniciar diligencias concretas y advierte sobre responsabilidades legales en caso de incumplimiento. Para los vecinos y usuarios del área, la preocupación persiste: mientras el Ejecutivo habla de planes, la Corte es la que obliga a pasar del discurso a la acción.
Información para El Heraldo Guate