Guatemala, 16 de enero de 2026.
El diputado Cristian Álvarez, del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), ha centrado buena parte de su discurso público en cuestionar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Sin embargo, detrás de sus constantes señalamientos comienzan a surgir dudas sobre posibles intereses ocultos, especialmente por su cercanía con proveedores del sector farmacéutico.
Álvarez preside la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso y también integra la Comisión de Salud y Asistencia Social. Desde esas posiciones, sus denuncias se han enfocado en los procesos de compra de medicamentos, particularmente en la adquisición de eritropoyetina, un fármaco utilizado en pacientes con enfermedad renal crónica.
La fiscalización impulsada por el legislador no sólo ha alcanzado al IGSS, sino también a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC). En ambos casos, Álvarez ha cuestionado a los proveedores del medicamento, pese a que autoridades del IGSS han asegurado en citaciones que existe abastecimiento y que el principal problema radica en la distribución, no en la compra.
No es la primera vez que el diputado recomienda proveedores específicos. Entre los mencionados figura Reus Pharma, farmacéutica vinculada al operador político Gustavo Alejos y fundada por su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa. También ha señalado a otras empresas como Aviv Farmacéutica, CORPOFA y Corporación BAYCO.
En el caso de UNAERC, Álvarez ha promovido la adquisición de una versión más económica de la eritropoyetina, argumentando posibles sobreprecios. No obstante, especialistas advierten que este medicamento tiene distintas presentaciones, con diferencias importantes en su duración y efectividad: las versiones más baratas requieren aplicaciones más frecuentes, mientras que las de mayor costo ofrecen efectos prolongados.
Si bien un cambio de proveedor podría representar un ahorro económico, también podría impactar directamente en la calidad del tratamiento de los pacientes. Experiencias previas, como la del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en 2016, evidenciaron riesgos al optar por versiones más económicas del fármaco. A ello se suma que el diputado ha sido vinculado al uso de una camioneta relacionada con actores cercanos a Reus Pharma y a empresas señaladas en casos de corrupción.
Información para El Heraldo Guate