Guatemala, 14 de enero de 2026.
Un gobierno de discurso popular, pero débil ejecución
A mitad de su mandato, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta una brecha cada vez más evidente entre las promesas que lo llevaron al poder y los resultados concretos de su gestión. El proyecto que se presentó como una ruptura histórica con el pasado muestra, en la práctica, un patrón de cautela, lentitud y ausencia de transformaciones estructurales.
Durante la campaña electoral, el hoy presidente construyó su narrativa sobre tres pilares: combate frontal a la corrupción, rescate de las instituciones y un Estado al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, al evaluar su desempeño a mitad del periodo constitucional, el balance es mayoritariamente negativo.
En materia anticorrupción, el discurso fue contundente, pero la ejecución quedó corta. No se han desmantelado estructuras de poder heredadas ni se han impulsado procesos judiciales de alto impacto que evidencien un cambio real en la correlación de fuerzas dentro del Estado. La promesa de enfrentar al sistema capturado se diluyó en una administración prudente que evitó confrontaciones clave.
El mismo patrón se repite en el ámbito judicial. La independencia de jueces y fiscales fue una bandera central de campaña, pero en la práctica no se revirtieron las dinámicas de persecución ni se promovieron reformas profundas. La impunidad sigue operando como una constante, mientras el Ejecutivo se limita a administrar un sistema que prometió transformar.
En cuanto a movilidad y conectividad, el gobierno anunció la construcción del “Metro de la ciudad”, una iniciativa que respondía al plan de gobierno, a la que se le dio mucha cobertura durante las primeras semanas del mandato, pero que quedó en el olvido, al igual que en el gobierno de Alejandro Giammatei, que de hecho presenta mayores ejecuciones en infraestructura nacional.
Sectores prioritarios como salud, educación y combate a la desnutrición infantil tampoco muestran avances estructurales. Los problemas de desabastecimiento, infraestructura deficiente y programas dispersos continúan, evidenciando una gestión más reactiva que estratégica.
En el plano económico y de seguridad ciudadana, el gobierno tampoco logró articular una hoja de ruta clara. La inversión se mantiene cautelosa, el empleo informal domina y la inseguridad persiste sin una reforma integral de las fuerzas policiales. El cambio prometido no se tradujo en políticas públicas de alto impacto.
Finalmente, la promesa de un gobierno abierto y cercano perdió fuerza con el paso de los meses. El capital político inicial se erosionó, la comunicación se volvió defensiva y la distancia con sectores críticos se amplió.
A mitad de su mandato, el gobierno de Bernardo Arévalo se perfila más como un gobierno de discurso popular, pero de débil ejecución. Lejos de la ruptura anunciada, su gestión ha privilegiado la contención y la estabilidad política sobre las reformas estructurales. El resultado es un Estado que sigue operando bajo lógicas tradicionales y una ciudadanía que comienza a cuestionar si el cambio prometido fue, en realidad, postergado indefinidamente.
Promesa de campaña
Realidad observada
Lucha frontal contra la corrupción
No logró sacar a la fiscal, ni la Comisión contra la corrupción funcionó.
Independencia judicial
No logró conseguir las alianzas con ese organismo.
Combate a la impunidad
No logró sacar a presos politicos. Y es más, le apresaron a un viceministro.
Reforma del Estado
Persisten las practicas politicas tradicionales. Incluso existen personas del gobierno anterior.
Salud pública
Se han visto esfuerzos. Pero sigue habiendo desabastecimiento.
Educación pública
Avances en el remozamiento y apertura de nuevos centros.
Desnutrición infantil
Las estadísticas no muestran avances visibles.
Movilidad urbana
Se prometió un metro urbano, que nunca se inició.
Seguridad ciudadana
Un sistema penitenciario sin control y con crimen al alza.
Gobierno abierto y cercano
Comunicación Defensiva. Se deja preguntar a periodistas seleccionados.
Información para El Heraldo Guate