En un informe desarrollado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Buenos Aires, Argentina, y la Alianza por las Reformas de Guatemala, se analizaron las recientes declaraciones y conclusiones sobre el desempeño del Ministerio Público (MP) durante los últimos siete años, bajo la dirección de la fiscal general María Consuelo Porras.
El estudio identificó varios hallazgos preocupantes que ponen en riesgo casos de alto impacto. Según Julián Alfie, director del INECIP, se ha producido una drástica reducción en la capacidad del MP para brindar una respuesta efectiva a las víctimas y a la ciudadanía.
“La tasa general de eficacia se redujo de un 14 por ciento en el primer año de la gestión de Porras a un 6 por ciento en los últimos dos años. Analizamos delitos de impacto social como homicidios, femicidios, crimen organizado, extorsiones, asesinatos y corrupción. Lo que encontramos es que, en los últimos dos años, el promedio de eficacia frente a estos fenómenos criminales fue del 6 por ciento, lo que implica una impunidad del 94 por ciento, particularmente grave, tanto para los intereses sociales como para los de las víctimas”, afirmó Alfie.
En ese mismo tema, el director del INECIP, resaltó que, contrario a lo que promociona el Ministerio Público en sus informes de gestión — se habla de eficiencia—, “muchos de los casos supuestamente resueltos o gestionados en realidad son archivados o desestimados, sin que se brinde reparación alguna a las víctimas”.
Por su parte, el analista de seguridad Mario Mérida indicó que el trabajo del MP no se limita a presentar evidencias ante un juez, sino que también implica acompañar los procesos hasta lograr una sentencia condenatoria.
Entre las recomendaciones del informe, se insta a las autoridades del MP a generar políticas sólidas, evitando la persecución arbitraria y el abuso de poder. También se proponen reformas legales para establecer mecanismos de control interno y externo sobre el MP y el Fiscal General, así como procedimientos que permitan su destitución en caso de incurrir en arbitrariedades.
Finalmente, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), declaró: “A mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”, refiriéndose a la falta de judicialización en los casos de ciudadanos comunes y funcionarios públicos que deberían enfrentar procesos legales.

¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025 – INECIP