La infiltración de grupos violentos y actos de vandalismo desataron un conflicto social en Livingston, Izabal, a raíz de la desinformación sobre licencias de minería metálica. Ante estos hechos, las autoridades gubernamentales informaron que ya se han iniciado procesos de investigación por la presunta participación de individuos en actos criminales y agresiones.

En su cuenta oficial en X, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, comunicó:
“La seguridad en contextos complejos exige firmeza, pero también responsabilidad.

Nuestra prioridad es proteger a todas las personas: ciudadanos, periodistas y agentes.

En escenarios de tensión como los de anoche en #Izabal, donde incluso se identificaron civiles accionando armas de fuego, cualquier acción fuera del marco legal puede poner en riesgo vidas inocentes que nada tienen que ver con el conflicto.

La actuación de la @PNCdeGuatemala se dio conforme a los protocolos y con estricto apego a los #derechoshumanos. Desde anoche mismo, instruí al Director General de la Policía Nacional Civil que ordenara a la Inspectoría General una investigación inmediata que deberá esclarecer objetivamente lo ocurrido.

No somos indiferentes. Estamos del lado de la verdad y de la justicia, porque Guatemala merece instituciones que respondan con firmeza ante los hechos que riñen con la ley, pero también con transparencia.”

100 agentes

Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, informó que el kilómetro 279, en Río Dulce, Livingston, permaneció bloqueado durante más de 48 horas por líderes comunitarios.

“Se llegó a un acuerdo con los comunitarios, pero otras personas aparentemente infiltradas comenzaron a lanzar piedras, afectando a vecinos y al personal policial. También resultó herido un periodista. Hay imágenes que muestran a algunos individuos realizando disparos al aire”, puntualizó.

Boteo agregó que ya se envió un informe al Ministerio Público (MP) y se solicitó a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) la suspensión de las licencias de portación de armas de quienes participaron en los disparos.

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, también se pronunció durante una rueda de prensa de los daños que causaron varias personas que no eran parte del diálogo con los comunitarios.

“En el marco del diálogo, aparecieron personas que vandalizaron vehículos y cometieron otros actos agresivos, afectando al viceministro de Ambiente y a vecinos del área, fuera del espacio de reunión,” declaró la funcionaria.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar las investigaciones para identificar a los responsables y garantizar que los procesos de diálogo por la protección del medio ambiente se realicen en un marco de paz y legalidad.