Los funcionarios públicos que aspiran a ser diputados o alcaldes en las comicios de 2027. La renuncia previa es un requisito fijado por el Tribunal Supremo Electoral para evitar el uso indebido de fondos e influencias estatales durante el proceso, garantizando así una contienda limpia y equitativa para todos los participantes.

Sin embargo, la legislación establece una excepción controvertida: los alcaldes y concejales que buscan la reelección no están obligados a renunciar. Esta diferencia de reglas permite a las autoridades municipales actuales continuar gestionando el presupuesto e infraestructura comunal al mismo tiempo que realizan su campaña política, reavivando el debate ciudadano sobre la ventaja que esto representa frente a los nuevos aspirantes.