La crisis climática que mantiene a más de 148 mil familias rurales en situación de vulnerabilidad ha puesto en evidencia la falta de acciones preventivas por parte del Organismo Ejecutivo y del MAGA. A pesar de los constantes pronósticos sobre sequías e inundaciones, la respuesta institucional se ha limitado a la entrega reactiva de alimentos tras el desastre, sin contar con planes de contingencia ni de mitigación para proteger la producción agrícola.

Durante las citaciones en el Congreso de la República, se evidenció que la cartera agrícola no implementó mecanismos de prevención ni infraestructura para mitigar el impacto de los fenómenos climáticos en las más de 74 mil hectáreas de cultivos que resultaron destruidas.

La inacción de las autoridades ejecutivas no solo incrementa la pérdida de cosechas, sino que pone en riesgo directo la seguridad alimentaria y la economía de miles de familias en el área rural.