Con 147 votos a favor, se aprobaron las reformas a la Ley Antilavado de Dinero, después de 6 meses que no se ponían de acuerdo y con presión de los Estados Unidos y los empresarios; los diputados sesionaron de manera extraordinaria para cumplir con dicha normativa.

La urgencia de la aprobación responde a compromisos internacionales en materia de fiscalización financiera y combate al crimen transnacional.

La ley actualiza los términos legales y adopta formalmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Con esto, se busca impedir que el sistema bancario de Guatemala sea relegado a una «lista gris» de países no cooperantes.

Autoridades de la SIB confirmaron que delegados del GAFI realizarán una visita técnica al país a finales de este año para evaluar el nuevo marco jurídico.