El presidente Bernardo Arévalo concretó un severo golpe a la autonomía y finanzas de las municipalidades del país al sancionar las polémicas reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). La decisión presidencial priva a los gobiernos locales de una de sus fuentes de ingresos más críticas, desmantelando la capacidad presupuestaria de los alcaldes para financiar obras comunitarias, mantenimiento de infraestructura y servicios esenciales para la población.
Aislamiento político y falta de sustento técnico
La cuestionada acción del mandatario dejó en evidencia su aislamiento político y una falta de rigor institucional, al promulgar una medida que ni siquiera su propia bancada oficialista estuvo dispuesta a respaldar. La negativa del bloque de gobierno a avalar la normativa expuso que la decisión se tomó sin un sustento técnico ni tributario válido afirmo el diputado Samuel Pérez, aprobando a ciegas un recorte financiero que debilita directamente el desarrollo de los municipios.