El juez Mario Hichos resolvió anular el proceso penal que se había iniciado contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al considerar que el Ministerio Público no tiene la facultad para continuar con la investigación en la vía penal. La decisión representa un giro en el caso relacionado con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que había generado controversia en el ámbito político y jurídico.

La resolución beneficia a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco, quienes enfrentaban señalamientos en el marco de la investigación. Según lo determinado por el juzgador, el caso debe continuar por la vía administrativa y no penal, lo que implica que cualquier posible responsabilidad deberá dilucidarse en instancias distintas a los tribunales penales.

El fallo ha generado reacciones divididas. Mientras sectores afines a los magistrados sostienen que la decisión reafirma el respeto al debido proceso y a las competencias institucionales, otras voces consideran que la investigación no debería cerrarse sin un análisis exhaustivo. Con esta resolución, el caso TREP entra en una nueva etapa, centrada en el ámbito administrativo, mientras persiste el debate público sobre la actuación de las autoridades electorales.