Le resta importancia a la Dirección de Infraestructura Prioritaria.
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Guatemala, 18 de febrero de 2026.
Nota vía: Juan Luis Pinto
Hay algo profundamente contradictorio en la Guatemala de hoy: tenemos ley, pero no tenemos acción. Tenemos estructura aprobada, pero no tenemos operación. Tenemos urgencia, pero seguimos entrampados.
Hace más de un año entró en vigencia la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Su promesa era clara: crear la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) para encargarse, con visión de largo plazo, de las rutas estratégicas del país. Planificación técnica, mantenimiento sostenido, ampliaciones necesarias.
Un año después, la DIPP no opera formalmente. No hay reglamento aprobado. No hay presupuesto definido. No hay calendario público de ejecución.
Mientras tanto, el país sí opera. Los camiones siguen circulando. La carga sigue moviéndose. Las exportaciones siguen compitiendo. Los ciudadanos siguen perdiendo horas en el tráfico.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Ciudad de Guatemala se pierden alrededor de 1,300 horas al año en congestionamiento, equivalentes a más de 54 días. El costo económico estimado supera los Q25 mil millones anuales. Esa cifra no es abstracta: es combustible desperdiciado, mercadería retrasada, productividad perdida y tiempo familiar sacrificado.
Ese es el verdadero costo de la inacción.
En una entrevista concedida a Prensa Libre, María Teresa González, presidenta de la Gremial de Transportistas, fue directa: el país no puede seguir construyendo apenas 200 kilómetros anuales cuando necesita una expansión mucho mayor de su red vial. Señaló además que la DIPP representa un cambio conceptual importante, pero que hoy sigue sin poder iniciar labores por falta de reglamento, recursos y voluntad de implementación.
El punto más delicado no es técnico, sino político. Desde el propio sector transporte se advirtió que el Gobierno debe dejar de cuestionar la DIPP desde un enfoque que podría ser incluso ideológico y simplemente ejecutar la ley ya aprobada por el Congreso.
Ahí está el nudo del problema.
Cuando la infraestructura se convierte en debate ideológico, deja de ser política pública y se convierte en campo de disputa. Y las carreteras no son de derecha ni de izquierda. Son de quien necesita llegar.
Guatemala no necesita más discusiones sobre si el modelo es cómodo o incómodo. Necesita mantenimiento. Necesita ampliaciones. Necesita certeza. Necesita un horizonte.
Video original de Guatevisión: #LaCharla ¿Cuándo empezará a operar la DIPP para el mantenimiento de carreteras?
La DIPP no es una idea en construcción; es una entidad creada por ley que debería estar funcionando. Lo que falta no es marco jurídico, es decisión administrativa.
Porque mientras se discute, el asfalto se deteriora. Mientras se cuestiona, la competitividad se erosiona. Mientras se aplaza, el país pierde.
La infraestructura no es un lujo ni una concesión ideológica. Es la base logística del crecimiento económico. Sin vías eficientes, no hay comercio competitivo. Sin comercio competitivo, no hay crecimiento sostenible. Y sin crecimiento, lo que queda es estancamiento.
Este no es un reclamo sectorial. Es una alerta nacional.
Gobernar no es solo prometer cambios conceptuales. Gobernar es ejecutar.
El riesgo no es que la DIPP funcione mal. El riesgo es que nunca funcione. Y ese, como siempre, lo termina pagando el ciudadano.
Ese es el costo de la inacción.
Video original de Guatevisión: #LaCharla ¿Cuándo empezará a operar la DIPP para el mantenimiento de carreteras?
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Información para El Heraldo Guate