El Ejecutivo dio a conocer que pronto presentará un amparo que contendrá todos los argumentos para demostrar que quien propuso la moción privilegiada para aprobar el Decreto 7-2025, así como los diputados que lo apoyaron, actuaron al margen de la ley. Para María del Carmen Aceña, analista del CIEN, es lamentable que los legisladores no busquen soluciones de fondo.

“En lugar de enfocarse en soluciones como digitalizar trámites, simplificar procesos o estandarizar requisitos, este decreto abrió la puerta a un manejo más flexible de los recursos, que puede traducirse en pérdida de control fiscal”, resaltó Aceña. Hasta el momento se han presentado dos amparos que buscan revertir la decisión de los diputados ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

ANTECEDENTES

Luego de que el presidente Bernardo Arévalo emitiera un veto contra la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 7-2025, el pasado 3 de octubre, 86 diputados del Congreso aprobaron una medida que desestimó la decisión presidencial.

El diputado Raúl Barrera explicó que, de acuerdo con el procedimiento legal, cuando el Ejecutivo veta un decreto, este debe regresar al Congreso para una nueva votación, en la que se requieren 107 votos para ratificar la ley. Pese a ello, los legisladores de oposición desconocieron la validez del veto presidencial, al sumar únicamente 86 votos, por lo que no alcanzaron el mínimo necesario para revocar oficialmente la medida.